n Los vecinos okupas llevan viviendo en ellas desde el mes de enero
n La situación ya se ha normalizado entre el vecindario
Seis meses hace desde que las familias virgitanas ocuparon las viviendas vacías del barrio del Cerro de San Roque y la situación continua sin ninguna novedad. El alcalde de Berja, Antonio Torres, señala que la única diferencia radica en que algunos de los okupas han abandonado las viviendas y otros han entrado en su lugar.
El primer edil asegura que «el promotor sigue sin querer saber nada, por lo tanto seguimos a la espera de que Cajamar resuelva judicialmente la situación». «Cajamar es el propietario y en algún momento procederá al embargo de los bienes del promotor y a desahuciar a los inquilinos, pero hasta que eso no ocurra, la situación seguirá transcurriendo con completa normalidad», explica Torres.
Los vecinos se muestran indiferentes ante este suceso, y los okupas entran y salen con naturalidad para ir a comprar y pasear por el pueblo. De hecho, muchas de las familias vivían en el mismo barrio o en los contiguos y, al quedarse sin trabajo y sin hogar, decidieron ocupar estas viviendas. El alcalde reconoce que «no está habiendo ningún incidente, ni dan problemas; el único problema es que la ocupación es ilegal, pero mientras la entidad bancaria no actúe, la situación seguirá así».
Torres piensa que el statu quo va a prolongarse durante bastante tiempo, ya que no hay ningún movimiento o actividad que indique lo contrario, ya que desde enero llevan así, pero aclara que este hecho está a merced de «lo que la justicia depare».
Hay unas cincuenta personas ocupando estas viviendas que, al no tener licencia de primera ocupación, carecen tanto de suministro de agua y electricidad. Los inmuebles llevan dos años y medio constuidos y sin vender, por lo que el jueves 10 de enero, una docena de familias decidió instalarse en ellas forzando las cerraduras durante la madrugada. Los okupas se han encargado durante este tiempo de dotar a las viviendas de mobiliario.
Este hecho fue descubierto pocos días después de producirse por agentes de la Guardia Civil que realizaban un control rutinario por la zona. Sin embargo, los vecinos del municipio ponen de manifiesto que estos okupas no han dado ningún problema, incluso algunos defienden su causa, siendo los moradores considerados como personas luchadoras con familias que buscan un hogar para vivir.
