Unión Progreso y Democracia AlmerÃa se siente consternada porque que desde ninguna de las dos administraciones locales, ayuntamiento de Berja y Adra, ‘se haga nada para evitar el atropello que supone la desestimación de las alegaciones que basada en tÃtulos de propiedad registrados, han aportado los agricultores afectados ante la Administración Andaluza’.
El dÃa 19 de Marzo, la Agencia Andaluza del Agua publicó la resolución sobre el deslinde del rÃo Adra, merced a la cual se informa a los agricultores sobre la desestimación de las alegaciones que en su dÃa hicieron al deslinde inicial (consistentes mayoritariamente en escrituras, datos registrales y catastrales, etc.). De este modo, pasarán a Dominio Público Hidráulico tierras que son propiedad de los agricultores. Por lo tanto, si por interés general deben pasar a ser propiedad pública, se deberÃa pagar por ellas un justiprecio.
La administración andaluza contesta a los alegantes textualmente cosas como que “…el Registro de la Propiedad por sà sólo no lleva consigo ni produce una verdadera y auténtica identificación real sobre el terreno, teniendo en cuenta que dicho Registro tiene un simple contenido jurÃdico, no garantizando, en consecuencia, la realidad fÃsica y concreta situación sobre el terreno de la finca…â€.
Ante esto, desde UPyD entendemos que puede que esta justificación se ajuste a derecho, pero para que el terreno sea público la Administración utiliza solamente el resultado de un programa informático, llamado HEC-2, cuyos resultados dependerán de las variables que se le introduzcan en cada momento, y por tanto se cambiarÃa la linde del Dominio Público Hidráulico.
UPyD no quiere entrar en que los datos presentados por los agricultores sean correctos o no, pero la nulidad de los mismos por “Real Decreto†y la sustitución del derecho de la propiedad apoyándose en un programa informático que tiene como principal caracterÃstica para llegar a ser utilizado, el que es americano y de difusión gratuita, no nos parece de recibo.
Unión Progreso y Democracia, insta a los ayuntamientos afectados a que tomen cartas en el asunto y defiendan la titularidad, si es propia, de sus convecinos.Desde esta formación estamos dispuestos a colaborar en aquello que nos pidan. Si bien entendemos que lo que deben hacer es preguntar a sus técnicos, o a sus asesores que para eso se les paga, en relación con esta resolución y tras esto coordinar a los agricultores para que hagan valer los derechos defendibles o devuelvan a “lo público†aquello de lo que se pudieran apropiarse indebidamente.
