La portavoz en el Parlamento andaluz del PP-A, Esperanza Oña, ha pedido hoy que se respete la presunción de inocencia del alcalde de Berja (Almería) y parlamentario andaluz por el PP, Antonio Torres, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya acordado la apertura de juicio oral contra éste, para quien la acusación popular ejercida por la Agrupación municipal socialista pide dos años de suspensión de empleo y cargo público como presunto autor de un delito de prevaricación en el cese y posterior nombramiento en 2007 del jefe de la Policía Local.

En rueda de prensa, Oña ha afirmado que en democracia la presunción de inocencia prevalece y que su formación «jamás» se ha opuesto a que sea la Justicia quien resuelva. «Tenemos una sincera confianza en la Justicia», ha insistido Oña, quien ha apuntado que habrá que esperar a que se esclarezcan los hechos.

El auto dictado por el magistrado instructor del procedimiento el pasado día 23, al que tuvo acceso Europa Press, obliga a Torres, con condición de aforado, a abonar una fianza de 12.000 euros para enfrentar las posibles responsabilidades civiles derivadas de una causa en la que la Fiscalía no ha formulado acusación al considerar que la actuación del primer edil virgitano fue una cuestión «administrativa» y no constitutiva, por tanto, de delito.

La Sala de lo Penal del Alto Tribunal andaluz será la encargada de enjuiciar unos hechos por los que la acusación popular solicita, asimismo, la imposición de pena de multa de ocho meses a razón de 50 euros diarios. La resolución, contra la que no cabe recurso, da traslado al parlamentario andaluz para que formule escrito de defensa en el procedimiento abreviado incoado en marzo de 2010.

Para el fiscal encargado del caso, Torres no incurrió en delito al designar un nuevo jefe de la Policía Local en noviembre de 2007 y subraya en su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, que tanto los decretos de cese como de nombramiento ya fueron anulados por un juzgado de lo contencioso-administrativo en octubre de 2008 y que, en cumplimiento de la sentencia, el alcalde tuvo que reintegrar al perjudicado a su puesto de trabajo, lo que hizo efectivo apenas dos meses después.

Fuente: Diario 20 minutos