El Ayuntamiento de Berja (AlmerÃa) ha aprobado en sesión plenaria ordinaria con los votos a favor del equipo de gobierno (PP) y en contra del grupo de la oposición (PSOE) que el Consistorio asuma como «indemnización» un total de 28.320 euros ocasionados por los gastos de representación legal de su regidor y parlamentario andaluz, Antonio Torres (PP), quien actuó como principal acusado en los casos de prevaricación en el nombramiento del Jefe de la PolicÃa Local y contra la ordenación del territorio al construir un espigón en la ELA de Balanegra.
Durante la sesión plenaria ordinaria, Torres se ausentó en el debate de este punto de forma que fue el primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, José Carlos Lupión, quien incidió en que las denuncias, elevadas por la Dirección General de Costas en el caso del espigón y por los miembros de la Ejecutiva Municipal del PSOE en el asunto de la PolicÃa Local, tuvieron un cariz «personal» contra el regidor, quien fue absuelto en una ocasión mientras que el otro de los procedimientos fue archivado.
AsÃ, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Isabel Arévalo, señaló durante su intervención que la actuación de los socialistas estuvo motivada tras dos años de conversaciones con el primer edil y tras la sentencia dictada en primera instancia por un Juzgado de lo Contencioso-administrativo, que atribuÃa responsabilidad a la actuación de Torres. Igualmente, se desligó de las actuaciones realizadas por Costas en el asunto del espigón, en el que no participaron como acusación «por no echar más leña al fuego».
De esta forma, apeló a un acuerdo de pleno suscrito por unanimidad en la anterior Corporación en el que, según la socialista, el regidor asumirÃa las costas de sendos juicios, si bien Lupión incidió en la absolución del alcalde en ambos procesos en los que la querella de Costas quedó archivada y la de la acusación particular socialista resultó favorable a Torres al no observarse responsabilidad penal sino una cuestión administrativa.
Con esto, la lÃder de la oposición virgitana matizó también la responsabilidad «moral» que, a su juicio, debÃa mantener el alcalde de Berja a la hora de asumir estos costes dado el estado de las maltrechas arcas municipales que, según la liquidación de 2010, dan un saldo neto negativo de casi 1,6 millones de euros, de forma que, según se expuso en el pleno, los gastos para representación judicial pasaron de los 30.000 euros previstos a cerca de 90.000 euros.
Tras la aprobación de este punto, el grupo ‘popular’ presentó también una moción aprobada con sus votos y la abstención del PSOE en la que se instaba a los servicios jurÃdicos del Ayuntamiento a elaborar un informe para determinar si resulta legal reclamar los gastos del procedimiento tanto a Costas como a los miembros del PSOE, de forma que, si procede, formularÃa de oficio una reclamación de cantidad para que las partes denunciantes asuman el importe de 28.320 euros.
«Fueron a hacer de Robin Hood y se les torció la flecha»
«Fueron a hacer de Robin Hood y se les torció la flecha», dijo el alcalde en su intervención a la hora de justificar la moción por la que pretende que Costas y la Ejecutiva Local del PSOE asuman los gastos, de forma que también advirtió ambos asuntos como una cuestión «personal» hacÃa él mismo. «Han pretendido conseguir en los juzgados lo que no consiguen en las urnas»», aseveró el regidor virgitano, quien reconoció que los procedimientos le ocasionaron «algún calentamiento de cabeza».
El Tribunal Superior de Justicia de AndalucÃa (TSJA) absolvió en diciembre de 2010 a Torres, para quien la acusación ejercida por la Agrupación municipal del PSOE en el municipio solicitaba dos años de inhabilitación, al considerar que no incurrió en prevaricación al nombrar a un nuevo jefe de la PolicÃa Local en el año 2007.
Apenas un mes después, en un otro procedimiento, el Alto Tribunal andaluz acordaba archivar las diligencias previas incoadas contra el primer edil y parlamentario andaluz al considerar que, si bien actuó «erróneamente» al promover la construcción de un espigón en Balanegra junto a la alcaldesa de la Entidad Local, Mercedes Tapia, lo hizo en aras de salvaguardar el interés general y ante lo que tildó de «manifiesta desidia y pasividad» de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.
