El Ayuntamiento de Berja aprobó en el pleno ordinario celebrado el pasado lunes, con los votos a favor del equipo de gobierno (PP) y en contra del grupo de la oposición (PSOE), que el Consistorio asuma como «indemnización» un total de 28.320 euros ocasionados por los gastos de representación legal de su alcalde y parlamentario andaluz, Antonio Torres, quien actuó como principal acusado en los casos de prevaricación en el nombramiento del Jefe de la Policía Local y contra la ordenación del territorio por la construcción de un espigón en la ELA de Balanegra.

En un primer punto del pleno, en el que se ausentó el regidor, el portavoz, del equipo de gobierno, José Carlos Lupión, incidió en que las denuncias, elevadas por la Dirección General de Costas en el caso del espigón y por los miembros de la Ejecutiva Municipal del PSOE en el asunto de la Policía Local, tuvieron un cariz «personal» contra el regidor, quien fue absuelto en una ocasión mientras que el otro de los procedimientos fue archivado. En declaraciones a IDEAL, Lupión explica que «las cuestiones de los juicios se han debido a situaciones de Antonio como alcalde, por lo que es lógico que si los ha ganado no tenga que pagar él los gastos de representación».

Pero según recoge Europa Press, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Isabel Arévalo, apeló a un acuerdo de pleno suscrito por unanimidad en la anterior Corporación en el que, según la socialista, el regidor asumiría las costas de sendos juicios, si bien Lupión incidió en la absolución del alcalde en ambos procesos en los que la querella de Costas quedó archivada y la de la acusación particular socialista resultó favorable a Torres al no observarse responsabilidad penal sino una cuestión administrativa.

Responsabilidad moral

Arévalo matizó también la responsabilidad «moral» que, a su juicio, debía mantener el alcalde de Berja a la hora de asumir estos costes dado el estado de las maltrechas arcas municipales que, según la liquidación de 2010, dan un saldo neto negativo de casi 1,6 millones de euros, de forma que, según se expuso en el pleno, los gastos para representación judicial pasaron de los 30.000 euros previstos a cerca de 90.000 euros.

Y en base a esa responsabilidad moral el PP presentó una moción en la que se instaba a los servicios jurídicos del Ayuntamiento a elaborar un informe para determinar si resulta legal reclamar los gastos del procedimiento tanto a Costas como a los miembros del PSOE, de forma que, si procede, formularía de oficio una reclamación de cantidad para que las partes denunciantes asuman el importe de 28.320 euros. Para Antonio Torres, el PSOE «fue a hacer de Robin Hood y se les torció la flecha», y es que «en base a esa carga moral el PSOE debería pagar los gastos puesto que han perdido. Y en el pleno dijeron que si el informe dice que eso es posible asumirán los gastos».