El vecino de Berja J.J.C.V., ha sido condenado por el juez del Juzgado de primera instancia e instrucción nº 1 de Berja, a una pena de multa de 15 días, a razón de 10 euros el día, al abono de 243, 33 euros en concepto de responsabilidad civil y al pago de las costas del juicio celebrado en su contra por realizar destrozos en el mobiliario urbano.

Según ha quedado probado durante el juicio, J.J.C.V. golpeó a patadas tres bolardos el pasado 18 de junio, causando desperfectos en el mobiliario valorados en 243,33 euros. La Policía Local de Berja presentó ante el juzgado la correspondiente denuncia, que ahora ha sido resuelta por el juez en el sentido que hemos indicado.

Según manifiesta el alcalde de Berja, Antonio Torres, los actos vandálicos suponen un considerable gasto para las arcas municipales a lo largo del año, por lo que ha dado órdenes a la policía local para que se refuerce la persecución de sus autores y se les haga responder ante la justicia de sus actos. El primer edil recuerda que viene siendo demasiado frecuente en el municipio la quema de contenedores, la rotura de espejos en las intersecciones, los golpes a los bolardos y otra serie de destrozos en el mobiliario urbano que causan un grave perjuicio al vecindario y suponen un gasto del que deben responder sus autores.

En este sentido, el alcalde manifiesta que para que la convivencia en el municipio sea mejor, y se puedan perseguir con más ímpetu los actos vandálicos, el ayuntamiento está ultimando una ordenanza de convivencia ciudadana que obligará a los vecinos a respetar y no degradar en forma alguna los bienes e instalaciones públicos y privados, ni el entorno medioambiental, estableciéndose un régimen sancionador que será un eficaz instrumento para perseguir y hacer responder de sus actos a quienes causen destrozos en los bienes públicos y el mobiliario urbano.

Una vez que se apruebe la mencionada ordenanza, el Ayuntamiento dará información a los vecinos de sus obligaciones y dispondrá los servicios necesarios para facilitar a los afectados la interposición de denuncias contra los responsables del deterioro de los bienes públicos y/o privados, o de la alteración de la buena convivencia. Torres manifiesta que «con estas medidas lograremos mejorar la convivencia entre los virgitanos, proteger los bienes públicos y perseguir con más ímpetu a quienes atentan contra lo que es de todos, haciéndoles responder económicamente de sus destrozos».