Son una promoción de doce viviendas, construidas hace dos años por la empresa Roqueber
«Yo estoy parada y tengo cuatro niños. El banco me ha quitado mi casa y vivo aquí al lado. Si sé que estas casas están vacías. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a dejar que mis niños duerman en la calle y tengo a dos malos? Aquí no vive nadie y es una pena porque las casas se están echando a perder, con humedades, y han robado los cables», explica a este diario Encarna Torres. Es una mujer de 34 años, separada y en el paro «por culpa de la crisis, yo nunca me he visto así, y además con una enfermedad, que me tengo que operar pero no puedo porque no voy a dejar a los niños solos». Encarna asegura que uno de sus hijos es celiaco y al otro «le operaron de un tumor y tiene otro que hay que intervenirlo. Tienen cinco y siete años.
Yo no me niego a pagar la casa, aunque ahora no tengo dinero, pero que me pongan un alquiler bajo y lo voy pagando. Que me den un trabajo. Yo sé que no es mía y no voy a estar gratis, pero lo que sí es una pena es que la casa, que está nueva, se caiga por abandono y nosotros estemos en la calle. No tengo madre ni padre, estoy sola». Esta vecina recibe ayuda de Cáritas y de hecho está esperando que le ayuden con unas camas, ya que la casa en la que se ha metido apenas tiene dos sillones «que nos hemos encontrado».
Como ella muchas otras familias que viven en chabolas de la zona o a las que el banco ha desahuciado decidieron hace unos días ocupar esa promoción. Son familias la mayoría de etnia gitana, dicen que sin recursos económicos y que han entrado en las viviendas «por necesidad. No es de justicia que estén vacías y haya gente tirada en la calle. Si las viviendas no son de nadie así las aprovechamos». «Sabemos que esto no está bien, y ha venido la Guardia Civil a decirnos que estamos cometiendo un delito», explica otra vecina, «pero no vamos a estar en la calle». Pero se da la circunstancia de que algunas de esas viviendas sí tienen dueño, y vive justo al lado y ha tenido que ver cómo le han ocupado la casa. Es un matrimonio que asegura que llegó a pagar hasta 40.000 euros por la vivienda, el número 15, pero no llegaron a entregársela.
Al alcalde de Berja, Antonio Torres, le sorprendió la ocupación de las doce casas del Cerro San Roque en la mañana del jueves y empezó a mantener una serie de contactos telefónicos. Torres señaló que se puso en contacto con el responsable de la empresa Roqueber, a la que aún pertenecen las casas, quien indicó, según el primer edil virgitano, que estaba en conversaciones con la entidad bancaria que aportó el dinero para su construcción, Cajamar, para entregarlas en dación en pago. Cajamar -dice Torres. que, de momento, las casas no son suyas. En la mañana de ayer, el alcalde no tenía conocimiento de que el dueño hubiera denunciado la situación de ocupación de las viviendas “y hace falta que el dueño denuncie”.
Por el momento, el Ayuntamiento ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial la entrada ilegal en estas viviendas. También está velando -decía Torres- para que no haya ningún altercado. Según el primer edil, la gente que ha entrado en estas casas son conscientes que han ocupado ilegalmente una propiedad.
El alcalde declaró ayer que le preocupa que este hecho pueda suceder en otra parte del pueblo, ya que, aunque no existen muchos casos de promociones de viviendas deshabitadas, alguno hay. Para Antonio Torres esto no provoca ninguna especie de efecto llamada, es constatar una realidad.
