El Tribunal Superior de Justicia de AndalucÃa (TSJA) ha archivado la causa contra el alcalde de Berja (AlmerÃa) y diputado andaluz por el PP, Antonio Torres, en relación a la construcción de un espigón en la playa de Balanegra a principios de 2009.
Según ha explicado Torres en rueda de prensa, el alto tribunal andaluz ha sobreseÃdo las diligencias previas iniciadas contra él, la alcaldesa de la entidad local de Balanegra, Mercedes Tapia (PP), y la empresa constructora que levantó el espigón, al constatar que no hubo delito en la actuación.
Estas diligencias se incoaron a raÃz de una denuncia interpuesta en enero de 2009 por la FiscalÃa Provincial de AlmerÃa, que observó indicios de delito contra la ordenación del territorio, asà como otra presentada por el grupo municipal socialista.
Las diligencias se incoaron inicialmente en el Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 2 de Berja, que se inhibió ante la condición de aforado de Torres en favor del TSJA, que ahora ha archivado la causa al considerar que no hubo delito.
La entidad local autónoma de Balanegra, dependiente de Berja, construyó a principios de 2009 un espigón para proteger la playa del oleaje, si bien el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) ordenó inmediatamente la paralización de la obra, que fue demolida poco después, por carecer de autorización para acometer esta actuación en dominio público marÃtimo-terrestre.
Según el MARM, la construcción de espigones en esta zona del litoral del Poniente almeriense provoca impactos negativos a largo plazo, como la erosión del terreno.
Torres ha denunciado la actuación de la Dirección General de Costas, que no atendió a las repetidas solicitudes de actuación realizadas desde el Ayuntamiento de Berja y la entidad local de Balanegra para evitar los graves daños en la playa y en los invernaderos colindantes, y que en cambio sà actuó de inmediato cuando estas administraciones trataron de buscar una solución «provisional».
El propio magistrado del TSJA afirma en el auto que «causa estupor» que «los órganos administrativos responsables de la costa» no hayan aportado «ningún tipo de solución» a pesar de las denuncias de los «gravÃsimos daños» realizadas durante «más de diez años» desde Berja y Balanegra.
El auto admite que los imputados actuaron «erróneamente» en busca del interés general, y no personal, ante la «pasividad de los responsables de los organismos competentes», pero descarta la existencia de dolo.