Las doce familias, en total cincuenta personas, que ocuparon hace tres meses una promoción de viviendas en el barrio Cerro de San Roque continúan en la misma situación. El alcalde de Berja, Antonio Torres explica que «el promotor no quiere saber nada de ellas por lo que en el momento en el que Cajamar proceda al embargo se va a encontrar con inquilinos».
Por el momento, la situación en la zona está tranquila ya que no se han producido altercados e incidentes, el primer edil destaca que «son familias buenas y de toda la vida que se han quedado sin trabajo».
El promotor de estas viviendas, que fueron finalizadas hace ya dos años, negoció en primera instancia con la entidad bancaria la dación en pago de los inmuebles ante la imposibilidad de venderlas pero tal y como señala el máximo responsable municipal «ahora no quiere saber nada de ellas».
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Otro episodio de ocupación
Ocurrió a principios de mayo de 1999, en total 14 familias de etnia gitana de Berja ocuparon unas viviendas que habían sido construidas por la Empresa Pública del Suelo de la Junta de Andalucía en la carretera de Turón y que en las siguientes semanas iban a ser entregadas a sus dueños que ya estaban pagándolas. Tras conocer el hecho tanto la Junta de Andalucía como el alcalde de Berja por entonces, Manuel Ceba interpusieron una denuncia ante el Juzgado para conseguir una orden judicial que desalojara a los okupas.
A raíz de esta situación se produjo un enfrentamiento dialéctico entre el alcalde virgitano y el subdelegado del Gobierno en Almería, Fernando Hermoso. Manuel Ceba dijo haber pedido hasta en cinco ocasiones al subdelegado que ordenara a la Guardia Civil intervenir en el desalojo por la fuerza, ante estas palabras Fernando Hermoso contestó que «la Ley de la patada en la puerta no está en vigor por suerte» y que «es necesario una orden judicial».
Finalmente once de las catorce familias abandonaron el día 11 de mayo las viviendas, día en el que la Juez ordenó el desalojo. A los okupas que quedaban se les notificó al día siguiente la decisión judicial mediante la Guardia Civil que no tuvieron que usar la fuerza.
