El Pleno del Tribunal Constitucional acordó el pasado 9 de abril admitir a trámite el conflicto en defensa de la autonomía local que plantearon en 2011 un total de 112 municipios entre los que se encuentra Berja contra varios artículos de la Ley 9/2010, de Aguas para Andalucía.
A finales de 2010, el Partido Popular de Berja llevó al Pleno una moción genérica bajo el título «Defensa de los ciudadanos mediante la presentación de recurso contra la ley 9/2010, de 30 de julio, de aguas para Andalucía» en la que se tildaba la medida de «puramente recaudatoria, que no implica una gestión más eficaz y austera del recurso». Los puntos que se aprobaron fue iniciar la tramitación de un conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional, solicitar simultáneamente el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, iniciar campañas informativas de concienciación y sensibilización sobre la nueva ley y sus repercusiones directas al alcalde. Por último facultar al Alcalde para hacer cumplir este acuerdo y cuantas acciones legales resulten necesarias.
Uno de los artículos por los que se emprende este procedimiento es el 78 que enuncia que la entidad suministradora deberá repercutir íntegramente el importe del canon sobre el contribuyente, que queda obligado a soportarlo. Han sido también incluidos los artículos 32, 33, 78, 82.2, 91, 92, 93, 94, 95 y 96 de la Ley 9/2010.
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos denunció el pasado lunes que la Junta ha recaudado en la comunidad «en un cálculo muy a la baja» más de 100 millones de euros desde mayo de 2011 y en 2012 a través del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas sin ejecutar las obras previstas.