El alcalde de Berja y parlamentario andaluz por el PP Antonio Torres, contra quien han sido abiertas diligencias por parte del Tribunal Superior de Justicia de AndalucÃa (TSJA) al considerar que podrÃan existir indicios de delito en la decisión de construir en 2009 un espigón que tuvo que ser demolido apenas cuatro meses después de su ejecución por invadir dominio público marÃtimo-terrestre, alegará que en realidad no se trataba de una construcción si no de una acto de protesta.
Según fuentes próximas al alcalde, su defensa se fundamentará en que se trata de piedras arrojadas en la orilla, sin ningún tipo de sujeción entre ellas ni al suelo, «por lo que propiamente no pueden ser consideradas una construcción»; del mismo modo alegarán que este hecho se produce después de reiterados intentos de que se se solucione el problema que estaba sufriendo la playa de Balanegra y sin que éstos fueran atendidos por la administración competente; y en último lugar se recordará que la Dirección General de Costas fue informada de que se iban a arrojar estos bloques, y que en cualquier caso serÃan insuficientes para considerar que se trataba de un espigón real.
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa, ordenó la inmediata paralización de la obra y abrió expediente al Ayuntamiento virgitano, la ELA y a la empresa constructora, que, finalmente, debió correr con los gastos de la actuación que ejecutó de forma subsidiaria la Administración.
El MARM, tras tramitar la recuperación del dominio público marÃtimo-terrestre, inició el 29 de abril de 2009 los trabajos de demolición de la construcción «ilegal» realizada con piedras de escollera para devolver la normalidad a la zona litoral después de que ninguna de las entidades afectadas recurriese la resolución.
Un estudio oficial sobre la dinámica litoral en el tramo de costa comprendido entre Adra y Balanegra desaconsejaba para la playa de Balanegra actuaciones como la construcción de espigones por los elevados impactos negativos que este tipo de obras de defensa ocasionarÃan a largo plazo. En concreto, se auguraba que el impacto serÃa «muy negativo» al provocar erosiones «que requerirÃan intervenciones adicionales».
