La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto diligencias de investigación para escrutar sobre la presunta existencia de irregularidades en la adjudicación por parte de la Diputación Provincial de Almería de unas obras en dependencias en el municipio de Berja a la empresa Hispano Almería (Halsa) por valor de aproximadamente 600.000 euros pese a contar supuestamente con «deudas contraídas» con la institución. Esta empresa, cabe recordar, está siendo investigada por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería por presuntas entregas de sumas de dinero a responsables políticos y técnicos de la administración pública a cambio de la concesión de obras.

El Ministerio Público ha designado ya un fiscal ‘instructor’ que se encargará de efectuar un «informe-propuesta» después de ejecutar «aquellas actuaciones que estime conveniente». Servirá, dicho informe, a la Fiscalía, para actuar en consecuencia: archivar el caso, continuar con la investigación, trasladarlo a la fiscalía competente o interponer denuncia. El decreto de apertura, signado por el propio fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, responde al escrito de denuncia presentado por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (Amayt) el pasado 19 de noviembre. En dicho texto, registrado en las oficinas de Granada, Amayt considera que podría haber una «posible y supuesta» actividad «de carácter delictivo» en el desempeño de cargos públicos en la Diputación.

Según relata el colectivo, la Diputación de Almería habría adjudicado «una serie» de contratos de obra «en favor de determinadas empresas», una de las cuales, Hispano Almería (Halsa) «se encontraba, según los propios informes técnicos de la Intervención General y Tesorería de la Diputación Provincial, con deudas contraídas […] en el momento de su adjudicación por la junta de gobierno», una situación que contravendría la normativa de contratación en vigor.

Además, se alerta de una «posible interrelación» entre empresas «que pudiera ir más allá de lo que sería una mera relación comercial […] con el ánimo de conseguir un posicionamiento privilegiado al respecto del resto de empresas ofertantes».

 

A su juicio, y «salvo mejor apreciación de este órgano», de los hechos relatados podrían derivarse «supuestos delitos de prevaricación, falsedad en documental, tráfico de influencias y posible malversación de caudales públicos, entre otros».

Denuncias políticas

Tanto IU como el PSOE habían denunciado públicamente lo que consideraban «un supuesto claro en la ley para no contratar», esgrimió hace poco más de dos meses el diputado Juan Pablo Yakubiuk (IU). Su grupo presentó una pregunta por escrito ante el equipo de gobierno que preside el popular Gabriel Amat -imputado en el caso ‘La Fabriquilla’, que investiga una licencia de obras para diez viviendas de lujo en El Parador- para que justificara la adjudicación a Hispano Almería de las obras en Berja. Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Esperanza Pérez, esgrimió a su vez la existencia de un Informe de Tesorería «que evidencia» la «adjudicación ilegal» de dicha obra. Ninguno de los dos grupos elevó, por el momento, el caso a la Fiscalía.

El equipo de Gobierno, por su parte, respondió a la oposición con un informe técnico en el que se argumenta que la empresa Halsa «no tenía deudas» con la Diputación «en el momento de finalización del plazo de presentación de proposiciones». Además, anunció que requeriría un pronunciamiento a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, del cual aún no se tienen noticias. El PP, además, anunció entonces «medidas jurídicas» contra quien «difame a los miembros de la Corporación y al personal de la Institución».