El 15 de noviembre del pasado año 2018, el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Berja archivó la denuncia  formulada por el concejal de UPyD, Antonio Álamo, contra el alcalde de Berja, Antonio Torres, por un presunto delito de prevaricación relacionado con el Sector I-3 del municipio. El concejal actualmente no adscrito, recurrió dicha sentencia presentando un recurso de reforma y subsidiario de apelación. El recurso de reforma fue desestimado por auto de 24 de enero de este año, admitiéndose entonces el recurso de apelación. Ante él,  el ministerio fiscal solicitó la confirmación de la sentencia recaída, mientras la Audiencia procedió a su estudio, dando lugar al auto 224/19, en el que se ha ordenado su archivo “al no proceder contra ella recurso alguno”.

En el auto, el tribunal asevera que “no se debió admitir la personación del denunciante como Acusación Particular, ni su participación como tal en la práctica de diligencias de investigación”. Del mismo modo, los magistrados afirman con rotundidad que “el delito de prevaricación […] requiere un comportamiento doloso; un comportamiento consciente de actuar -de manera activa o pasiva- de forma injusta, contraria a las normas legales; y este “posible” comportamiento por parte del Alcalde denunciado, no se aprecia en toda la extensa documentación remitida”.

Para Antonio Torres “cerrar la puerta a la creación de puestos de trabajo en nuestro municipio habría sido una barbaridad. Siempre he defendido por encima de todo los intereses de los virgitanos, respetando la legalidad”. La empresa Vefruber, promotora de dicha obra, ha creado casi 300 puestos de trabajo entre directos e indirectos en Berja, “evitando así que muchísimos de nuestros vecinos tengan que desplazarse a municipios limítrofes para poder ganarse el pan”, ha afirmado el primer edil virgitano. A pesar de ello, Álamo, sin importarle el daño que ocasionaría a tantas familias de la población, pidió “el cese inmediato de la actividad”, por considerar que los terrenos sobre los que se asienta no cumplían con el desarrollo urbanístico del sector (contrariando así el sentido de la modificación del sector que aprobó la Junta de Andalucía).

Antonio Torres ha afirmado que “nunca ha dejado de sorprenderme cómo Álamo era capaz de pedir semejante cosa y quedarse tan tranquilo, viendo cómo trescientos virgitanos se quedan en el paro y dejan de tener con qué dar de comer a sus familias”. Para el alcalde “la postura de Álamo ha sido de una irresponsabilidad sin límites, al anteponer sus venganzas personales al sustento de cientos de virgitanos. ¡Si estas son sus ideas para mejorar Berja, arreglados vamos!”.  

Un polígono en auge.

Actualmente en el polígono de La Tomillera se encuentran numerosos negocios vinculados al ámbito de la agricultura intensiva (cooperativas o venta de fitosanitarios y de productos para los invernaderos); varios talleres de reparación y compra-venta de automóviles; una panadería; un comercio de pinturas; etc. También ha sido muy importante la intervención en los últimos años del propio consistorio virgitano en las parcelas de su propiedad, creándose un vivero de empresas, en el que se han alojado diversos negocios, como Chocolates “La Virgitana”. Así mismo, en estas parcelas municipales se han construido instalaciones deportivas para uso y disfrute de los vecinos de Alcaudique, como es el caso de la piscina inaugurada en 2008.

Tras más de una década de trámites, en septiembre de 2017 se aprobó una modificación de las Normas Subsidiarias de Berja que propiciaron la ampliación del polígono de la Tomillera en más del doble de su superficie original, sumando a los 52.000 metros cuadrados que constituían el I-1 (sector ya desarrollado), los 78.229 metros cuadrados que recoge el sector I-3.

Esta ampliación del polígono prevé uso industrial, deportivo y de espacios libres, permitiendo en edificaciones exclusivas la instalación de negocios hosteleros, comerciales, de oficina y sanitarios, prohibiéndose expresamente el uso residencial, tanto en viviendas plurifamiliares como aisladas. La mencionada reforma del I-3 persiguió que las empresas ya instaladas en el polígono puedan ampliar las instalaciones que ya poseen (como es el caso de Verfruber, que ahora va a doblar su superficie), y con ello aumentar sus respectivos negocios, y por otro lado, se podrán ubicar nuevas industrias, lo que traerá consigo la creación de nuevos puestos de trabajo, como viene sucediendo en los últimos años.