El alcalde de Berja y parlamentario andaluz por el PP por la provincia, Antonio Torres, ha asegurado este jueves al tribunal que lo juzga por una presunta prevaricación que decretó el nombramiento del nuevo jefe de la Policía Local bajo la «creencia y convencido» de que estaba «actuando correctamente» y ha trasladado que pensaba que para poder acceder al puesto sólo se requería de una determinada titulación académica que el candidato «confirmó» que poseía.

Torres, que ha comenzado su declaración ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que lo enjuicia por su condición de aforado a las 10,00 horas, ha respondido en estos términos a la acusación popular que ejerce el grupo municipal del PSOE virgitano y que considera que el regidor era conocedor de la ilegalidad del nombramiento ya que exitía un informe al respecto emitido por la secretaria municipal, quien lo ha ratificado ante el tribunal.

Según ha explicado en declaraciones a Europa Press el letrado José Antonio Cervantes, quien ejerce la defensa de Torres, existen indicios que hacen entender que no cometió ningún acto que merezca «reproche penal». En esta línea, ha asegurado que, si bien, «quizá», el decreto presentaba alguna irregularidad, se trataría de una «cuestión administrativa» que «no trasvasaría la línea penal» ya que «no existió dolo» en la actuación del primer edil.

Durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia tras tres horas de sesión, la defensa ha mantenido su solicitud de libre absolución frente a la condena que interesa la acusación popular, que ha pedido dos años de suspensión de empleo y cargo público por un presunto delito de prevaricación. La Fiscalía no formuló escrito de acusación al considerar que su actuación en el año 2007 fue una cuestión «administrativa» y no constitutiva, por tanto, de delito.

«ADVERTIDO»

Por su parte, el letrado de la acusación popular, Juan Manuel Llerena, ha destacado el que la secretaria del Ayuntamiento virgitano se haya ratificado su informe y declaraciones previas y que, además, haya revelado que «previamente» a la emisión del citado informe «había hablado con Torres para advertirle de que se estaba cometiendo una ilegalidad».

Al hilo de esto, y frente a la tesis de la defensa, ha afirmado que el hecho de que sea una «cuestión administrativa» de la que no se derivaron «daños y perjucios» no se debe traducir en que sea «una cuestión no sancionable» al tiempo que ha insistido en que existen indicios suficientes para un pronunciamiento condenatorio «aunque nadie puede entrar en la cabeza» del primer edil.

El instructor del procedimiento obligó el pasado mes de junio a Torres, para quien también se interesa el pago de una multa de ocho meses a razón de 50 euros al día, a abonar una fianza de 12.000 euros para enfrentar las posibles responsabilidades civiles derivadas de la causa, que fue incoada en marzo de 2010.

Para el fiscal encargado del caso, el alcalde no incurrió en delito al designar un nuevo jefe de la Policía Local en noviembre de 2007 y subraya en su escrito que tanto los decretos de cese como de nombramiento ya fueron anulados por un juzgado de lo contencioso-administrativo en octubre de 2008 y que, en cumplimiento de la sentencia, el alcalde tuvo que reintegrar al perjudicado a su puesto de trabajo, lo que hizo efectivo apenas dos meses después.

La acusación popular, por su parte, sostiene en cambio que el regidor virgitano, a sabiendas de la ilegalidad de su actuación, aupó como Jefe de la Policía Municipal a una persona «sin que concurrieran los requisitos legalmente establecidos para ello» y alude a que la sentencia dictada por el juez de lo contencioso-administrativo número 1 de Almería, quien señaló la decisión de Torres «había sido ilegal y había incurrido en desviación de poder».

El escrito redactado por el letrado que representa a la Agrupación municipal del PSOE en Berja detalla que el primer edil, «inmediatamente después» de su toma de posesión como alcalde tomó la decisión de cesar al jefe de la Policía Local, quien desempeñaba esa función desde 1985 después de acceder a la plaza en propiedad mediante concurso-oposición.

NOMBRAMIENTO «ILEGAL»

Un mes después, el acusado, a quien también se han abierto diligencias previas ante el TSJA por un presunto delito contra la ordenación del territorio en la construcción de un espigón ilegal en la playa de Balanegra, designó a otra persona para desempeñar «accidentalmente el cargo» mientras su antecesor estaba de vacaciones aunque este nunca llegó a reincorporarse debido a una baja por enfermedad derivada del «sentimiento de estar sometido a acoso laboral».

En noviembre de 2007, Torres hizo efectivo mediante decreto el relevo en la jefatura de la Policía Local por procedimiento de libre designación «y sin ninguna motivación» pese a que, subraya, la secretaria municipal le había informado «por escrito» de que el sustituto «no cumplía las condiciones legales para ser designado para el cargo» y, por tanto, su nombramiento era «ilegal».

Reprocha, así, la acusación popular que, entre el citado decreto de Alcaldía y la toma de posesión, transcurrió una semana en la que «no efectuó ninguna gestión para cerciorarse de la corrección o incorrección del informe de la secretaria del Ayuntamiento o de si la persona por él designada disponía de la titulación que decía contar». Según ahonda, se incorporó «bastante después» al expediente un diploma «aparentemente» emitido a los seis días de que se produjera el nombramiento y sobre el que tampoco se realizó ninguna comprobación.