El PSOE de Berja elevó en septiembre de 2018 un escrito a la Fiscalía en el que informaba de reconocimiento extrajudicial de crédito aprobado en pleno de 5 de marzo del 2018 con el voto a favor de los nueve miembros del PP para el pago de facturas a proveedores “con un dictamen desfavorable” del interventor del Ayuntamiento virgitano.

Según la agencia Europa Press, la Fiscalía habría formulado denuncia contra el alcalde de Berja, Antonio Torres, y los concejales del equipo de gobierno al apreciar indicios de presunto delito continuado de prevaricación en la contratación en 2017 de servicios y suministros “sin seguir el procedimiento administrativo legalmente previsto” y con informes “en contra del interventor municipal”.

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Berja, José Carlos Lupión, ha manifestado que no tienen “conocimiento oficial de tal denuncia, pero si así es, no existe ningún tipo de problema, estamos deseando que la justicia, la fiscalía, el juez o quien quiera nos llame para aclararle cualquier duda. Tenemos la conciencia tranquila, porque todo se está haciendo conforme a la legalidad.

En el escrito de la Fiscalía recogida por la Europa Press, el fiscal apunta a que Torres y su equipo de gobierno podría “haber hecho prevalecer su propia voluntad sobre los intereses generales del ente local y los particulares de los posibles interesados” y acuerda, sin perjuicio de una más depurada calificación jurídica, interponer denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Berja.

Pleno en el que se debatió el reconocimiento extrajudicial de deuda:

En la citada denuncia, los socialistas indicaban que Torres sometió a votación en el pleno la aprobación de diversas facturas correspondientes a otro ejercicio presupuestario, y “provenientes de deudas contraídas por el Ayuntamiento de Berja, resultando que algunas de ellas, o bien no cumplían con los requisitos legales para su aprobación, o bien habían sido fruto de la vulneración de la ley de contratos del sector público”.

Añadía que el propio interventor del Ayuntamiento advirtió en sus informes de “la ilegalidad que suponía aprobar determinadas facturas” y señalaba que estos “reparos” había sido “obviados por parte del alcalde y de los concejales, que procedieron a aprobar el pago de las facturas”. Sobre este punto, desde el equipo de gobierno señalan que los reparos en la administración “son algo relativamente usual. En algunos casos los funcionarios tienen una forma distinta de ver los procedimientos, y la manifiestan de este modo. Pero se trata simplemente de eso, de disparidad en el criterio procedimental”.

Para el grupo municipal del PSOE, la conducta del equipo de gobierno “no opera como una simple inobservancia de la ley administrativa”, sino que “aprueban gastos y ordenan el pago de facturas con los reparos y con los informes advirtiendo de las ilegalidades emitido por el interventor municipal”.

“Ello nos hace sospechar de que la conducta del alcalde y los concejales se podrían encajar en la figura jurídica de la prevaricación al tratarse de actos injustos con conocimiento de la arbitrariedad de los mismos”, remarcaba.

La denuncia concluía señalando que, “lejos de actuar en defensa del interés público general”, los miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Berja “lo hacen llevados por una motivación personal o de favorecimiento a terceros tal, que obvian los informes de los técnicos municipales, concretamente en este caso, los del Interventor municipal, y proceden a aprobar facturas a proveedores, cuyos servicios contratan de forma irregular”.

El alcalde de Berja, Antonio Torres, afirma que “Arévalo, ante los malos augurios que se esperan para el PSOE de Berja en las próximas elecciones municipales, vuelve a hacer lo que intentó en las municipales de 2011 con su denuncia por el espigón de Balanegra, buscando mi inhabilitación. Ni entonces lo consiguió, ni lo conseguirá ahora, pero lo más indignante es que no sean capaces de hacer una campaña basada en iniciativas y mejoras para nuestro pueblo, sino en la calumnia”.

En el detalle de hechos presentado a la Fiscalía de acuerdo al informe del interventor, se hace alusión a dos facturas por importe de 8.979,41 y 17.960 euros referidas a “servicios de alumbrado festivo, servicio ya contratado con otra empresa”; a otra de 108.480,43 euros a un proveedor a lo largo de un año, “existiendo continuidad en los suministros por lo que el contrato menor supera cuantía” establecida por ley y “debía haberse adjudicado mediante expediente de contratación” y a una factura a otra empresa para un servicio “para el cual ya existe un contrato administrativo en vigor”.

Se refiere, así mismo, a otra facturación “mensual por tiempo superior a un año que supera lo establecido para el contrato menor”, a facturas “de mantenimiento y reparación de servicios generales cuyos gastos no se corresponden con el objeto de concesión” y a facturas “por boletos de una asociación por lo que se corresponde a una subvención que no se ha aprobado conforme a los procedimientos previstos en la ley”.

“Por tanto, las facturas que son sometidas a la consideración del pleno, a propuesta del alcalde, incurren en ilegalidad tanto desde el punto de vista formal, como del procedimiento administrativo, habiendo sido advertidos por el Interventor municipal de tales aspectos, tanto el alcalde proponente del acuerdo como los concejales que lo votan favorablemente”, finaliza el escrito del PSOE.